Somos moneda de cambio

Esta mañana, he mantenido una agradable conversación con una de mis profesoras del colegio, a la que he entrevistado para un proyecto. El tema sobre el que ha versado la breve entrevista y la conversación posterior ha sido, por supuesto, la educación. Si uno quiere enterarse de cuál es la realidad de la educación, y cuál es la perspectiva de futuro, no hay forma mejor de saberlo que acercarse a cualquiera de los centros educativos que tenemos en España y que no deben desaparecer pase lo que pase. De la charla que hemos mantenido, saco muchísimas consecuencias y lecturas, pero la que más me ha llamado la atención es la idea de la educación como moneda de cambio, como forma de tirarse los trastos a la cabeza por parte de políticos a los cuales no preocupa tanto cuál es la medida más positiva para la educación, sino cuál es la doctrina política que quieren incluir.

Es evidente que el estado de envilecimiento de la educación tradicional, esto es, la escuela pública, se debe a muchísimos factores. Sin embargo, el desprecio con que los políticos en general tratan a la educación es uno de los motivos más impactantes que hay en estos momentos. Y esto es un problema bastante evidente, puesto que son ellos los que hacen las leyes, y son ellos los que deciden el destino educativo de toda una generación de estudiantes. El hecho de que cada generación de estudiantes toque a una o a incluso dos leyes de educación "definitivas" según sus autores nos debería hacer pensar, y ante todo nos debería escandalizar.

Especialmente curioso, y escandaloso, es el caso del actual ministro, José Ignacio Wert, el miembro menos valorado del Gobierno de Mariano Rajoy. No es para menos. En un año de gestión, prácticamente no ha habido fregado en el que el sociólogo reconvertido en ministro no estuviera metido. Aún colean sus palabras en sede parlamentaria, en una sesión de control, en las que afirmó que -"nuestro objetivo es españolizar a los alumnos catalanes, para que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes". Esas declaraciones se hicieron en pleno auge del independentismo en Cataluña, tras la manifestación de la Diada, cuyas consecuencias son aún impredecibles. Como poco, su gestión se puede calificar de "desatinada".

Y lo cierto es que ha hecho honor a lo que parece tradición no escrita entre los que asumen el liderazgo del ministerio de Educación. Se ha cargado la ley anterior, aprobada por el PSOE, y ha comenzado otra, en que da una vuelta de tuerca más a la maltrecha educación española. Entre las medidas que contempla esta nueva ley de educación, se encuentra la posibilidad de financiar con dinero público escuelas concertadas para que los alumnos catalanes que deseen ser educados en castellano puedan hacerlo, y además financiar también las escuelas que siguen discriminando por sexo, o la eliminación de la actual PAU, para acto seguido sacar del armario y quitar el polvo a la antigua reválida, que vuelve a asumirse para el final de los ciclos educativos, eliminándose la idea de la Selectividad que se ha mantenido tras sucesivas reformas, y que ahora Wert ha borrado de la nueva reforma.

Más allá del hecho de que la permanencia de este ministro sea, a mi modo de entender, insoportable, lo cierto es que no ha existido hasta la fecha ninguna reforma que se antojara como definitiva. La inclusión de la famosa y polémica Educación para la Ciudadanía, criticada hasta la saciedad por el PP y la Conferencia Episcopal, en aquellos tiempos en que aún no había crisis económica, se boicoteó desde un principio, y se llegó a afirmar, erróneamente, que se trataba de una forma de adoctrinar políticamente, cuando simplemente se intentaba emular asignaturas similares que existían en el resto de Europa, por ejemplo en Francia, donde se llama Educación Cívica.

Es cierto que los tres últimos ministros antes de Wert, María Jesús San Segundo, Mercedes Cabrera y Ángel Gabilondo eran profesores, pero también es cierto que no hicieron leyes definitivas. Lo que parece evidente es que de una buena vez se debería alcanzar un gran acuerdo nacional en la materia educativa, algo que curiosamente todo el mundo parece saber hacer. Todos hemos escuchado las llamadas de unos y otros, casi siempre cuando están en la oposición, a un gran pacto nacional para la educación. Y esto es necesario, pero no sin antes realizar profundas renovaciones legales que permitan este extremo.

La primera debe ser reformar el artículo 149 de la Constitución Española, que regula las materias de competencia exclusiva del Estado e incluir en esa lista la educación, impidiendo así que cada comunidad tenga su propia ley de educación y evitando también las duplicidades que se producen en la administración. Tiene que existir una única ley de educación. Esto no supone un espaldarazo al centralismo, sino una bocanada de aire para la viabilidad del actual sistema de educación.

Lo siguiente que se tendría que reformar serían las mayorías necesarias para la aprobación de una Ley Orgánica de educación. Las mayorías necesitan ser más amplias, puesto que es relativamente fácil alcanzar la mayoría absoluta, lo cual permite al partido en el Gobierno hacer y deshacer a su antojo. Las leyes de educación deben aprobarse con una mayoría cualificada, esto es, de dos tercios de ambas Cámaras, puesto que es una materia lo suficientemente sensible y crucial como para que se logre una mayoría amplia y que requiera, como en este caso, el acuerdo de la mayor parte de grupos políticos.

Sería aconsejable realizar una comisión de sabios que elaboraran una ley que consiguiera perdurar a pesar de los cambios políticos y a pesar de las contingencias externas. Es necesaria una ley de educación que respete el principio básico de educación pública, puesto que es un elemento constitutivo básico de cualquier estado. La educación, al igual que la sanidad, debe dejar de ser una moneda de cambio entre unos y otros, y debe tomarse en su contexto como una pieza básica del engranaje de la vida de los ciudadanos de todo el mundo, a los que nos une una educación diferente pero centrada en el mismo ideal de aprender y enseñar.

La educación es la menos cara de las defensas de un país

Edmund Burke